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Real & Estate

Palacio Roccatagliata: inseguridad jurídica y peligro de derrumbe

ClarinNoviembre 22, 2016

La historia del emprendimiento que incluye al Palacio Roccatagliata, en la esquina de la avenida Balbín y la calle Roosevelt, en Coghlan, inició esta semana una etapa incierta. El 22 de noviembre, un fallo del juez Osvaldo Otheguy dio lugar a una medida cautelar presentada por el diputado Gustavo Vera, en la que se pedía la anulación del permiso de obra otorgado por el GCBA. El pedido, según Jonatan Baldiviezo, abogado patrocinante de Vera, está fundamentado en una serie de irregularidades: “El proyecto viola el Código de Planeamiento Urbano (CPU), ya que afecta al bien patrimonial con dos torres que ‘invaden’ el área de proximidad. Además, ocupa el pulmón de manzana y tiene el doble de la altura permitida, entre otras anomalías ”, sostiene Baldiviezo.

La decisión del juez Otheguy reconoce que hay motivos para profundizar en las cuestiones planteadas en la medida interpuesta por el legislador porteño. Una de ellas, la más importante, es la que esgrime que el GCBA se excedió en su autoridad para dar permiso a una obra de gran envergadura que debería haberse analizado en el marco de la Legislatura. La cuestión de fondo se resolverá en el mismo juzgado y hasta tanto, las obras serán paralizadas.

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Para el IAEF, este avance "se explica casi en forma exclusiva por una notable mejoría anual en las condiciones locales, de 81.9 puntos, apoyada sobre una menor inflación mensual y una muy fuerte baja en el riesgo legislación y en la brecha cambiaria, factores asociados a la salida del cepo ".

“Qué dicen los inversores frente al fallo que frenó la construcción de un edificio junto a la casona patrimonial ”

Inversiones
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“Para nosotros es cosa juzgada”, comentó a ARQ Gabriel Iezzi, abogado de la desarrolladora Palacio Roccatagliata S.A. Iezzi se refiere a la resolución que tomó la justicia en 2014 luego de que un grupo de vecinos y las asociaciones Basta de Demoler y Amigos de la Estación de Coghlan presentaran la primera medida cautelar tendiente a rechazar el proyecto. En ese entonces, la construcción del emprendimiento fue habilitada legalmente.

Baldiviezo no está de acuerdo. “En 2014 lo que determinó la justicia fue que no podía frenar una obra que no conocía, porque aún no se habían presentado los planos. Ésta es la primera vez que se cuestiona el permiso de obra”.

Para el representante de la desarrolladora el cese de las actividades contiene muchos perjucios que el juez Otheguy no tuvo en cuenta. Iezzi los enumera: “En principio, pone en peligro de derrumbe el palacio, al cual dice proteger. También deja sin trabajo y con futuro incierto a cientos de obreros y en una situación de vulnerabilidad a 250 inversionistas, que contaban con que su emprendimiento estaba -como dictaminó la justicia en su momento- dentro de los parámetros de la ley”. Por todas estas cuestiones, esta semana los abogados Gonzalo Permuy y Gabriel Iezzi apelarán la demanda y denunciarán al juez Otheguy ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, ya que entienden que el planteo de Vera debería haberse resuelto en un juicio ordinario y no vía una medida cautelar.

Iezzi insiste en que uno de los mayores daños que hace el fallo es atentar contra la seguridad jurídica, porque “de aquí en más las desarrolladoras no podrán confiar en que si inician una obra la podrán terminar en el tiempo estimado”. Por su parte, Baldiviezo considera que esta inestabilidad es provocada por las propias compañías. “Muchos emprendimientos se hacen ilegítimamente porque hay una complicidad entre el gobierno, las empresas y las inmobiliarias. Si no hay seguridad jurídica en estos casos, es porque las mismas desarrolladoras se someten a ese riesgo”. Mientras el emprendimiento esté inconcluso, Baldiviezo sugiere que la parte contraria puede pedir que el juez permita sólo las tareas que aseguren la integridad del bien y que tanto los arquitectos como la desarrolladora se presenten en una audiencia pública para rediscutir el proyecto.